Capgròs
Los municipios del Área Metropolitana (ARC), entre los cuales se encuentra Mataró, han acordado implementar Zonas de Bajas Emisiones que no desean "dejar a nadie atrás", y por lo tanto, prevén exenciones y moratorias de carácter social. Así lo han acordado las ciudades que conforman el ARC, Granollers, Martorell, Mataró, Mollet del Vallès, Rubí, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú, en una reunión celebrada este martes, día 24. Al final de la misma reunión, el ARC ha reclamado a la Generalitat que no implemente un decreto de bajas emisiones homogéneo y que no tenga en cuenta las particularidades del territorio.
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ya se aplican en Barcelona y se deben extender al conjunto del país, implican una limitación de acceso de los vehículos más contaminantes a determinadas zonas de un municipio. Días antes de la reunión del ARC de este martes, el concejal de Movilidad de Mataró, Xesco Gomar, explicaba a Capgròs que tanto en Mataró como en el resto de municipios del ARC existía preocupación por "las posibles incongruencias que puedan producirse" si no hay una estrategia única de las diferentes ciudades y pueblos. Esta estrategia, sin embargo, debe tener en cuenta la diversidad del territorio, según Gomar. "Mataró tiene características similares a las de los otros municipios metropolitanos, y debemos trabajar en ZBE que no entren en contradicción con estas ciudades", señaló el concejal.
De esta manera, los municipios del ARC han acordado que, una vez implementadas completamente, las ZBE funcionarán todos los días laborables, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la tarde, con un ámbito geográfico inicial delimitado en los espacios céntricos de las ciudades. No podrán acceder en este horario los vehículos sin la etiqueta ambiental Zero, Eco, B o C.
La implementación está prevista para el 2024, en enero de 2025, las restricciones se volverían permanentes y en mayo de 2025 comenzarían a imponerse sanciones. Todo ello después de diversas campañas de difusión y concienciación, contando con diferentes canales y recursos, para garantizar que la ciudadanía tenga a su alcance toda la información.
Desde la red de municipios se ha querido garantizar que las ZBE no serán un impedimento para la libre circulación del conjunto de la ciudadanía, por lo que han previsto las siguientes excepciones:
- Autorizaciones temporales y moratorias de acceso a vehículos de personas y familias con bajos niveles de ingresos.
- Moratorias a los vehículos de personas autónomas y trabajadoras a las cuales les falten como máximo 5 años para jubilarse.
- Vehículos necesarios para una determinada actividad profesional.
- Vehículos dedicados al transporte de Personas con Movilidad Reducida o diagnosticadas de enfermedades que requieran tratamientos médicos.
- Ciudadanos empadronados en la Zona de Bajas Emisiones en el momento de entrada en vigor de la normativa, que podrán acceder sin distintivo mientras mantengan la residencia.
Este martes, los municipios del Área Metropolitana también han denunciado que el Gobierno está trabajando en un decreto de bajas emisiones que sería homogéneo y sin tener en cuenta las particularidades del territorio. La alcaldesa de Sabadell y presidenta del colectivo, Marta Farrés, ha comunicado que la Generalitat se lo ha trasladado en una reunión este lunes, un hecho que ha sido recibido con sorpresa porque no se ha tenido en cuenta "la complejidad del país" ni la participación de los municipios.
Del mismo modo, dejaría en papel mojado la inversión en tiempo y dinero que los ayuntamientos han realizado en los últimos dos años para definir sus propias Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). "La postura del ARC será de absoluto rechazo porque deja de lado el mundo local", ha asegurado.
Por otro lado, Mataró y el resto de municipios señalan que para implantar con éxito las ZBE es necesario ofrecer a la ciudadanía la alternativa de una oferta de transporte público que conecte los diferentes municipios con horarios y frecuencias ajustados a las necesidades y demandas, así como la aplicación de una zonificación tarifaria coherente con el uso que se deberá hacer de este transporte.
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