Más de la mitad de vehículos mataronins, fuera de la ZBE

Los vehículos mataronenses se enfrentan a un futuro incierto con la posible implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) según el proyecto planteado por la Generalitat de Catalunya. Según datos de la Dirección General de Tráfico, más de la mitad de los coches de Mataró, concretamente un 56,6% del total (81.586 vehículos), se verían afectados por las restricciones previstas.

Esta situación también se traslada a otras ciudades del Área Metropolitana, como Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers y Sabadell, donde se prevé que las restricciones afecten a una parte significativa del parque automovilístico local. Estos municipios se verán afectados por las prohibiciones de circulación para los vehículos sin etiqueta y con etiqueta B, una medida que, según los alcaldes y alcaldesas, impactará principalmente en la ciudadanía con rentas más bajas, que no siempre tiene la posibilidad de cambiar de vehículo con frecuencia.

• La ZBE de Mataró está pendiente de implementarse, siguiendo la línea del resto de ciudades.
• En el caso de la capital del Maresme, esta comenzaría aplicándose en la zona peatonal del Centro, que estrena este año blindaje y cierre al tráfico rodado.

Recriminan que la medida afecta especialmente a las rentas más bajas

Durante una reunión con la Directora General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, los representantes municipales expresaron sus preocupaciones por el decreto del Plan de Calidad del Aire, que consideran redactado sin el necesario consenso con los municipios y sin tener en cuenta las especificidades locales. Además, pidieron la retirada del decreto y la necesidad de trabajar en un nuevo plan más efectivo, realista y adaptado a las necesidades del territorio, con un compromiso claro de la Generalitat en la mejora del transporte público y en la lucha contra el cambio climático.

El desacuerdo con la Generalitat no es exclusivo de Mataró, sino que se comparte con otros municipios del Área Metropolitana, que también critican la invasión de competencias municipales y la falta de consideración de la realidad social, económica y de transporte de la región en el proyecto de decreto. "Estas medidas afectan claramente a la ciudadanía con rentas más bajas y que no pueden cambiar de vehículo de forma habitual", recriminan. Los representantes municipales insisten en la necesidad de una planificación conjunta y respetuosa con la realidad local para garantizar un impacto positivo de las medidas en la calidad del aire y en la vida de los ciudadanos.