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Los créditos ICO (Instituto de Crédito Oficial) están pensados para poder financiar empresas privadas y públicas, con la particularidad que se implican tres partes: el solicitante (pymes o autónomos), el Instituto de Crédito Oficial (un banco público que deja el dinero y fija las condiciones); y la entidad del crédito que analiza la viabilidad de los clientes para concederlo y gestionar el dinero. Son préstamos que han sido muy vigentes para paliar los efectos económicos de la pandemia, que destacan porque es la Sido quién avala la mayor parte de los mismos.
Estos créditos han ampliado su plazo de vencimiento, mantienen el aval público en casos de conversión de créditos en créditos participativos y se realizan transferencias de parte del Estado para reducir la financiación con aval público que se solicitó durante la pandemia. Tres medidas pensadas para reforzar la solvencia empresarial a las que se añade el hecho que se ha ampliado el plazo para pedir una línea de avales hasta el 30 de junio de 2022. Tarinas Law & Economy explica que esto se hace porque se quiere garantizar la recuperación económica completa de autónomos y pequeños negocios.
Por lo tanto, desde Tarinas se recomienda que, en caso de seguir con problemas por una pandemia que no acaba de menguar debido a las nuevas variantes, se estudien los casos de forma particular y personalizada para ver si procede pedir un crédito de este tipo. Eso sí, desde Tarinas se alerta que hay que estar muy atentos a ciertas praxis dudosas de parte de entidades bancarias.
Pedir un ICO: cuento con las malas prácticas bancarias
Una de las situaciones que lamentablemente se han dado en estos meses ha sido la de ver cómo los bancos obligaban a contratar otros productos vinculados cómo un seguro de vida. Esto, avisa Tarinas, puede ser declarada abusiva a nivel legal, y además, el propio ICO ya ha avisado que no se pueden condicionar la aprobación de préstamos a la contratación de parte del cliente de ningún servicio o producto: no se pueden hacer ventas cruzadas de productos con este tema.
Es, por lo tanto, una práctica ilegal que hay que parar si se presenta, puesto que los propios colegios de Mediadores han advertido que ninguna ley obliga a esto y hay que denunciarlo.
La responsabilidad del avalador personal: el mejor asesoramiento para evitar problemas
Tarinas Law&Economy también alerta que ante la contratación de estos préstamos, a pesar de que el Estado garantiza hasta un 80 % esta operación financiera, las entidades también están pidiendo un aval personal, cómo podría ser una persona diferente al deudor principal; según interpretan desde el despacho, la responsabilidad del avalador en estos casos no sería del 20 % sino que tendría un régimen del 100 % de la deuda, haciendo que en caso de impago el banco pueda reclamar la totalidad de la deuda a los responsables; por eso, desde Tarinas lo tienen claro: "consideramos de gran importancia está muy muy asesorados antes de firmar estos contratos para estar advertido del régimen de responsabilidad que cubre al cliente".
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En este sentido, hay que recordar que las entidades están obligadas a informar de manera clara y transparente todas sus operaciones, y que los clientes tienen que recopilar pruebas para poder acreditar malas prácticas. Todo esto es mucho más óptimo con un buen asesoramiento.
Por eso, desde Tarinas Law & Economy ofrecen la información necesaria a empresas y autónomos para evitar prácticas abusivas de las entidades financieras. Y apuntan que si alguien ha sufrido estas situaciones, puede posarse en contacto con ellos a través de este formulario para poder asesorarse en todos los aspectos relacionados con los préstamos ICO.
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