Miedo a un gran aumento del mercado de alquiler ilegal

La nueva implementación del Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de la Vivienda ha despertado una serie de preocupaciones y expectativas en Cataluña. Según un informe elaborado por el Grupo Mutua de Propietarios entre 2.000 españoles, de los cuales 330 son catalanes, la percepción general es una mezcla de confianza y aprensión.

Aunque una mayoría del 67% de los encuestados considera que esta medida puede ser útil, un notable 31% expresa preocupación por las posibles consecuencias negativas. Entre estas, destacan la preocupación por la estimulación del mercado de alquiler ilegal, conocido popularmente como "mercado negro", y la reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

Por otro lado, las expectativas positivas, como la reducción de los precios del alquiler o la facilitación del acceso al alquiler de una vivienda, no son tan prioritarias para los encuestados, ocupando un segundo plano en sus preocupaciones.

Laura López Demarbre, subdirectora General Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios, destaca que los más optimistas respecto a la utilidad de la medida son las personas más jóvenes y aquellas que se encuentran en régimen de alquiler. En contraste, los propietarios de viviendas destinadas al alquiler son los que muestran una percepción de menor utilidad.

En cuanto a los propietarios, se teme que la nueva regulación pueda estimular el mercado de alquiler ilegal y provocar una reducción de la oferta de viviendas disponibles, ya sea por la conversión de estos en apartamentos turísticos o por su puesta en venta. Esto podría resultar en una disminución de la inversión en mantenimiento de los inmuebles.

Por otro lado, los arrendatarios expresan inquietud por la posibilidad de que las viviendas destinadas al alquiler se conviertan en apartamentos turísticos y que el mercado ilegal de alquiler prospere ante la nueva regulación.

Laura López Demarbre resalta la complejidad de la legislación relacionada con la vivienda, que requiere un diálogo constructivo entre las partes interesadas para gestionar adecuadamente los inmuebles y garantizar los derechos de todas las partes involucradas.