Investigan la gestión de pisos sociales donde se subían los precios de forma encubierta

Seis municipios del entorno metropolitano -Esplugues de Llobregat, Bigues i Riells (Vallès Oriental), Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), Calaf (Anoia), Tiana (Maresme) y Canet (Maresme)- hacen frente común para emprender acciones contra la actualización de precios que la empresa Visoren quiere aplicar sobre los locatarios de las viviendas sociales que gestiona y que consideran un "abuso". En este municipios habría unas 250 familias que habrían sufrido un aumento "encubierto" del alquiler del 20 % de media a partir de un incremento de las tarifas relativas a los consumos de agua y gas. Los ayuntamiento encargarán ahora una auditoría de gestión de los pisos para "cargarse de razones jurídicas" en defensa de los vecinos.

De momento, los ayuntamientos afectados, además de otros que se podrían añadir en los próximos días a este frente común, cómo Cunit (Baix Penedès), Palafolls (Maresme) o Manresa, han acordado con la empresa una suspensión cautelar de los aumentos previstos por un periodo de tres meses.

En paralelo, se quiere trabajar ahora de la mano de la Diputación de Barcelona, la Agencia Catalana de la Vivienda y la Agencia Catalana de Consumo para estudiar las acciones a emprender. "No es una problemática sencilla porque se trata de contratos privado entre la empresa y los locatarios", avisa la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz.

La auditoría, detalla la alcaldesa, servirá para aclarar si la intención de la empresa de aplicar nuevos aumentos de precios para el 2023 es legal. También se analizará si el aumento retroactivo comunicado a los vecinos, a fecha 1 de enero de 2022 se puede o no aplicar en los nuevos recibos.

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En general, de media, los aumentos son de más del 20 %, a pesar de que en algunos casos se han dado incrementos mucho más exagerados. "Solo para calentar el agua caliente, el que a principios de 2022 eran 50 euros, en otoño ya eran 75 euros y ahora había un intento de cobro de 200 euros", asegura Pilar Díaz.

En este sentido, el alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, recuerda que en los pisos afectados viven "en algunos vulnerables" y denuncia que la empresa quiera hacer un "aumento encubierto del alquiler de viviendas por una vía secundaria".