Capgròs
El Gobierno de la Generalitat de Cataluña hace un paso decidido hacia la protección de la salud pública y la preservación de los propietarios de inmuebles con su último Anteproyecto de Ley destinado a gestionar la retirada del amianto a Cataluña.
Esta iniciativa, actualmente en fase de trámite administrativo de información y audiencia pública, ha recibido la participación activa del Consejo General de Cámaras de la propiedad Urbana de Cataluña, que ha presentado alegaciones en defensa de los intereses de los propietarios potencialmente afectados.
Objetivos claros y amplios
El núcleo de esta futura Ley reside en la regulación de la gestión y retirada del amianto y los materiales que contienen esta sustancia (MCA). Además de proteger la salud de las personas expuestas a estos materiales, el objetivo es impulsar la actividad económica de las empresas y profesionales relacionados. La normativa alcanza ampliamente, dirigiéndose a la Administración de la Generalitat, al sector privado y a la ciudadanía.
Compromiso de los propietarios de inmuebles
Los principales afectados por esta normativa serán los propietarios de inmuebles. La ley impondrá la obligación de mantener sus bienes libres de MCA, con la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para su retirada. Este proceso se realizará en colaboración con la administración pública, que será debidamente informada.
Dentro del marco regulador de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, destaca el derecho de los potenciales compradores o locatarios a obtener un certificado que confirme la ausencia visible de MCA, expedido por el propietario.
Compromiso de los profesionales del sector
La ley también involucra administradores y otros profesionales inmobiliarios, los cuales tienen la responsabilidad de informar la administración pública sobre la posible existencia de MCA en los inmuebles que gestionan.
Certificación de calidad por empresas
Un aspecto destacado del anteproyecto es la creación de un Registro público voluntario donde empresas y profesionales podrán inscribirse. Esta inscripción será sujeta a cumplir con requisitos de calidad y formación establecidos por la normativa. Estas empresas, en caso de inscribirse, tienen que garantizar en todo momento la seguridad y la salud pública durante el proceso de retirada, transporte y depósito del MCA.
Sanciones por infracciones
En anticipación a la implementación de esta ley, se prevé un régimen sancionador con varias categorías de infracciones. Las multas podrían oscilar entre 100 € y 100.000 €, en función de la gravedad de las infracciones detectadas.
En resumen, esta iniciativa legislativa refleja el compromiso del Gobierno de Cataluña en la creación de un entorno más seguro y saludable, con la retirada efectiva de materiales que contienen amianto y la imposición de responsabilidades claras a los varios actores implicados en esta cuestión.
Fuente: cambrapropietat.cat
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