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Aprobado el derecho al olvido oncológico pasados 5 años

La medida garantiza que no haya perjuicio para la contratación de cualquier producto

El gobierno español ha aprobado el derecho al olvido oncológico. Este es uno de los puntos recogidos en el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros con varias medidas. Según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se podrán beneficar aquellas personas que hayan vencido un cáncer cinco años después de superación de la dolencia, y "sin recaída posterior". Así, este derecho permitirá que estas personas no se vean perjudicadas por la contratación de cualquier producto, sea "financiero o no".

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado que se declaren nulas todas las cláusulas basadas en antecedentes por haber sufrido cáncer y que discriminan a la hora de contratar productos y servicios.

Se evita, pues, que se tengan en cuenta los antecedentes oncológicos de un asegurado para imponer peores condiciones en los contratos de seguros y se establece el derecho a no declarar que se ha sufrido un cáncer al contratar un seguro vinculado en un préstamo hipotecario.

El derecho al olvido, una batalla clave en la era de Internet

El derecho al olvido es un concepto jurídico que hace referencia al derecho de una persona de solicitar la eliminación de información personal sobre ella misma que se encuentra a Internet y que ya no es relevante o está desactualitzada. Este derecho se basa en la idea que las personas tienen el control sobre sus propios datos personales y que, en determinadas circunstancias, tienen el derecho de eliminar o limitar la difusión de información que ya no es pertinente.

El derecho al olvido se ha convertido en un tema importante debido a la naturaleza persistente de Internet, puesto que la información puede permanecer accesible durante mucho tiempo, incluso después de que haya perdido su relevancia o validez. Sin embargo, es importante destacar que el derecho al olvido no es absoluto y puede entrar en conflicto con otros derechos, cómo la libertad de expresión o el acceso a la información, y, por lo tanto, cada caso tiene que ser analizado de manera individual para determinar la solución más adecuada.

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