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Mataró cuenta con más de 1.000 establecimientos alimentarios

Un 13% son de alto riesgo por el tipo de producto y destinatario.

El Ayuntamiento de Mataró ha actualizado los datos del censo de establecimientos alimentarios de la ciudad donde se incluyen las paradas de los mercadillos y los establecimientos alimentarios y de restauración sedentarios. Este censo no tiene en cuenta las paradas de ferias y otros acontecimientos puntuales. A 30 de junio del 2016, Mataró dispone de 1.178 establecimientos alimentarios que según su tipología se clasifican en establecimientos de alto, medio y bajo riesgo. Para hacer esta clasificación se tienen en cuenta conceptos como el tipo de producto y el público destinatario, entre otros.

El censo incluye carnicerías, hornos de pan, negocios de frutas y verduras, comidas preparadas, pescaderías, espacios polivalentes cómo son los supermercados, tiendas de abanica de golosinas, etc. A febrero de 2016, Mataró tenía censados 1.151 establecimientos y según las auditorías realizadas un 13% son de alto riesgo, un 48% son de medio riesgo y el 39% son de riesgo bajo. En diciembre del 2012 se censaron 912 establecimientos de los cuales un 9% se consideraron de alto riesgo, un 62% de riesgo medio y un 29% de bajo riesgo. El riesgo puede estar relacionado con posibles malas praxis (que el Ayuntamiento asesora para mejorar mediante inspecciones) y también por el tipo de establecimiento, puesto que se valora con mayor riesgo un negocio que tiene una actividad más sensible (comer para gente mayor o niños) que otros (un bar que sólo hace bocadillos).

Durante los seis primeros meses del año se han inspeccionado ya 179 negocios. Las inspecciones se hacen en base a campañas impulsadas por la misma administración, por denuncias o basadas en el riesgo sanitario de cada negocio. A raíz de las inspecciones, se ha puesto multas coercitivas en los primeros seis meses del 2016 que suman un total de 13.716 €. Las multas coercitivas no tienen carácter de sanción y se utilizan cuando el personal inspector constata el incumplimiento de las empresas de las medidas cautelares o de los requerimientos que se han hecho durante una visita de inspección.

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