‘Habrá valido la pena esperar si s’acaba haciendo justicia’

“Habrá valido la pena esperar tanto si al final la justicia importa por encima de todo y recae sobre estas personas que han hecho tanto de mal a la institución”. Este es el deseo de la actual junta directiva de la Fundación Maresme, expresado hoy en rueda de prensa por su presidente, Isidor Gil, en referencia a dos de los antiguos directivos de la entidad, acusados de haber estafado hasta 600.000 euros. Unos hechos descubiertos por la propia junta hace cinco años, de los cuales, tal y cómo ha explicado Gil, la entidad, que ofrece servicios y atención a personas con disminución psíquica, “todavía no se ha podido recuperar ni moral ni económicamente”.

El año 2001 la Fundación interpuso una querella contra el ex director gerente Juan Gabriel Martínez y el ex director administrativo Antonio Miguel Torrico Ruiz, pero no ha sido hasta ahora que la fiscalía ha decidido presentar un escrito de acusación contra los dos imputados. Pide 22 años de prisión, 11 por cada cual de ellos, y cinco años de prisión para sus esposas, María Pilar Tejada y María Teresa Fernández Valera Muñoz. El abogado del colectivo Ronda, Pep Mantiene, ha explicado que el Ministerio Fiscal “coincide con los puntos básicos” presentados por la acusación particular (estafa continuada, apropiación indebida y falsetat documental). El juicio podría empezar de aquí a seis meses o un año a la Audiencia Provincial de Barcelona.

Según ha explicado Pep Mantiene, el método que utilizaron por todos estos delitos fue muy sofisticado: “Manipularon la red informática, para que cuando se intentara entrar al archivo que contendía las cuentas reales de la entidad, se bloqueara el sistema”. A pesar de que un grupo de técnicos consiguieron desbloquear la red, muchas de los datos se perdieron y fue necesario reconstruirlas en papel. De hecho, desde la fundación se apunta que la cantidad económica estafada podría incluso doblar la que se ha podido documentar. Mantiene ha asegurado que la demanda de 11 años de prisión expresada por el fiscal “es de las más altas que puede haber en casos como este”, cosa que se debe de a que la estafa se ha realizado en el sí de una entidad que “afecta a personas que son objeto de especial protección”.