J. Vives

El fiscal pide 22 años de prisión por los exdirectius de la Fundación Maresme

Juan Gabriel Martínez y Antonio Miguel Torrico irán a juicio por estafa continuada, apropiación indebida y falsedad documental

Los responsables de la estafa a la Fundación Maresme irán finalmente a juicio. Después de un largo proceso de instrucción que se ha alargado durante cinco años, el exdirector de la Fundación Juan Gabriel Martínez Cañaveras y el antiguo director administrativo Antonio Miguel Torrico Ruiz tendrán que responder ante el juez por el delito continuado de estafa, apropiación indebida y falsedad documental contra la entidad. El fiscal ha presentado acusación contra los antiguos directivos de la Fundación Maresme, así como también a sus respectivas mujeres, Maria Pilar Tejada y Maria Teresa Fernández Valera Muñoz, por su participación a los hechos.

El texto del fiscal coincide con el escrito presentado por la acusación particular, ejercida por el abogado del Colectivo Ronda Pep Mantiene. Martínez Cañaveras y Torrico Ruiz están acusados de una estafa continuada a la Fundación Maresme, institución social sin afán de lucro que ofrece servicios a personas con disminución psíquica del Maresme. Mientras estaban al frente de la entidad, los acusados falsificaron facturas por trabajos inexistentes o realizadas en nombre de empresas ficítices, entregaron talones que desprésn cobraban y no ingresaban a la entidad, se adjudicaron gratificaciones sin autorización de la junta y cobraron subvenciones que no ingresaban a caja. Por su parte, Maria Pilar Tejada y Maria Teresa Fernández Valera Muñoz simularon contratos de trabajo para tener un sueldo y una cotización, y se beneficiaron de subvenciones oficiales que cobraban sin autorización y sin haber trabajado nunca.

El fiscal pide para los dos exdirectius una pena total de 22 años de prisión (11 por ninguna) y el pago de una multa, así como cinco años de prisión y multa para sus mujeres. Además, el fiscal también pide una indemnización para la Fundación de 514.311 euros. La acusación particular sube la indemnización a 549.893 euros y pide una responsabilidad complementaria de 120.000 euros por el daño moral sufrido a los chicos y noues atendidos en los diferentes centros y servicios que gestiona la Fundación.

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