VOX denuncia el Ayuntamiento de Mataró por el caso de las presuntas contrataciones a dedo

El grupo municipal de VOX en Mataró ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial para investigar posibles irregularidades en las contrataciones del Ayuntamiento de la capital del Maresme. La demanda está vinculada al presunto caso de contrataciones a dedo por parte del consistorio mataronense que investiga la Oficina Antifraude de Cataluña, tras la denuncia de una trabajadora municipal que habría sido cesada a pesar de que el organismo solicitó que se la mantuviera en el puesto como testigo protegido.

Según ha informado VOX en un comunicado, la acción se basa en la preocupación por lo que podría ser una violación de la ley en las prácticas de contratación del consistorio. Según Mónica Lora, presidenta del grupo municipal de VOX y concejala del Ayuntamiento, donde el partido de ultraderecha tiene 4 concejales y es la tercera fuerza, la acción ha sido necesaria para esclarecer las sospechas de irregularidades en las contrataciones realizadas durante el mandato anterior. Lora ha subrayado que el partido no podía quedarse "de brazos cruzados" ante esta situación.

Lora ha asegurado "que fue VOX quien forzó la creación de la comisión de investigación en el Ayuntamiento". Además, afirman que desde el partido hablaron con la persona protegida por Antifraude, que trabajó como arquitecta municipal, y que "no hemos recibido explicaciones claras por parte del Gobierno del PSC de Bote sobre el tema". La concejala ha criticado que la comisión, que debe aclarar si se han producido las citadas contrataciones a dedo, "no ha servido para nada" e ha insistido en que "es una cuestión ciertamente turbulenta, que los mataronenses necesitamos que se aclare y se resuelva lo más pronto posible".

El partido considera que los hechos investigados por Antifraude relacionados con unas posibles contrataciones irregulares cuya existencia denunció una funcionaria al organismo, deben ser objeto de una investigación exhaustiva, "dada la prima línea roja entre la mera irregularidad administrativa con un ilícito penal en materia de contratación pública".