Sobre la ocupación de la antigua escuela Menéndez y Pelayo

Una previa. Estamos ante un problema de seguridad para las personas? Por un lado, según dice el Ayuntamiento, se dispone de un informe técnico que dice que el edificio está en estado ruinoso. Esto no quiere decir que haya un problema de goteras o de mantenimiento -el aspecto del edificio puede parecer adecuado- sino que posiblemente haya algún problema estructural, hecho que pose en riesgo la integridad de las personas que están. El primero que hay que dirimir es esto. Porque si los ocupantes disponen de informes que dicen que no hay peligro: son visados, estos informes? Tienen el aval de un colegio técnico profesional?

Entramos en materia. Es evidente que no nos encontramos ante una ocupación más. Ni los ocupantes reclaman tener derecho a una vivienda digna ni el ocupado responde al clásico perfil de propietario privado al que se le niega el acceso a la vivienda de su titularidad. Nos encontramos ante una ocupación de un equipamiento comunitario por parte del que podría ser un "movimiento social", con un contexto ideológico, que se hace decir "La Tejedora ". Según la voluntad de sus integrantes se quiere "dar respuesta a algunas de las problemáticas y necesidades de nuestra ciudad, a través de la solidaridad vecinal, con actividades como por ejemplo clases de intercambio de idiomas, un banco de alimentos o espacios para hacer deporte, entre otros."

A priori parece una iniciativa honesta y razonable que puede aportar un beneficio a la comunidad, al vecindario y, por lo tanto, en toda la ciudad. Pero, desgraciadamente, ni es ni puede ser así.

Un equipamiento comunitario -y el espacio de la escuela Menéndez y Pelayo lo es- es aquel espacio que un ayuntamiento utiliza para dotar a los ciudadanos de las instalaciones y construcciones necesarias para dar cobertura a la educación, al enriquecimiento cultural, a la salud, al deporte y, en definitiva, al bienestar, proporcionando los servicios propios de la actividad a la ciudad. De acuerdo con esto, cómo se puede entender que un grupo de personas se haga suyo este espacio para posarlo a disposición del pueblo? Están más legitimadas estas personas que los representantes públicos escogidos democráticamente para decidir qué hacer con este espacio?

La realidad es que esta pregunta no admite ambigüedades, porque no las puede admitir, porque hacerlo sería cómo aceptar que el sistema no tiene capacidad para gestionar su patrimonio. A la postre podríamos acabar aceptando que se ocupara el propio Ayuntamiento.

Y si bien es cierto que no podemos aceptar esto, también lo es el hecho que cuando este sistema -en este caso el actual gobierno municipal- no tiene respuestas para dotar de usos estos espacios públicos, cómo es el caso -a tierra y hacer un aparcamiento- resulta que una parte de la ciudadanía muestra su descontento y su rechazo a esta inacción municipal, a esta falta de ideas y de proyecto, que no es exclusiva de este espacio.

Ahora, pero, ya es tarde por este debate en cuanto a este espacio. Ahora nos resta ver qué hará este gobierno municipal, como titular de la potestad de velar de los patrimonio municipal, del patrimonio de todos los mataronins, así como de la seguridad e integridad de las personas que lo han ocupado.