Capgròs
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) propone que el Congreso de Diputados reforme el código penal para que las penas por robar teléfonos móviles sean más duras. Se considera que esto conlleva muchos más perjuicios que simplemente la sustitución del dispositivo, ya que este contiene muchos documentos privados o contraseñas que pueden causar muchos problemas en la vida diaria de una persona. También proponen que las ocupaciones delictivas se puedan desalojar cautelarmente por la policía en 48 horas si así lo ordena el juzgado.
La propuesta tiene paralelismos con la 'vía Mataró' que hasta ahora habían abanderado el Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, con el apoyo del Ayuntamiento de la capital del Maresme. Precisamente los abogados mataronins y el propio alcalde David Bote quisieron estar presentes en el acto de presentación de la propuesta.
Asedio a la multireincidencia. En relación a la multireincidencia, actualmente los hurtos de menos de 400 euros se consideran delitos leves, pero hay nueve excepciones. Entre estas excepciones se encuentra el robo de cableado eléctrico, de telecomunicaciones o infraestructuras, artículos históricos o artísticos o productos o herramientas agrarias. Ahora se propone una décima excepción que incluiría los dispositivos electrónicos o tecnológicos, al considerar que el móvil es un elemento que tiene más valor que el simple importe del aparato, ya que incluye mucha información de la víctima. Esto haría que el delito pasara de leve a menos grave, y ya se podría imponer una pena de prisión de uno a tres años y, por tanto, también imponer prisión preventiva a la espera de juicio y sentencia.
También se propone eliminar el mínimo de 400 euros que deben sumar los tres antecedentes previos para agravar el delito leve de hurto. Este inciso se incluyó en la última reforma del Código Penal, pero se ha comprobado que complica la aplicación del agravante por reincidencia, ya que muchos juzgados no indican el importe del objeto sustraído o los juicios tardan tanto que aún no se han conseguido los antecedentes. Eliminando el inciso, se prevé poder aplicar el agravante de reincidencia de forma más fácil, ágil y frecuente.
Ocupaciones de viviendas. En cuanto a la ocupación delictiva de viviendas, se ha recordado que se ha pasado de las 2.700 en el año 2010 en toda España, a las 10.600 del 2017 y a las 17.200 del 2021. En el primer semestre del 2022 se produjeron 10.220 ocupaciones ilegales, de las cuales 4.341 fueron en Cataluña, la comunidad más afectada.
Por ello, se propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que considere los delitos de violación de domicilio y usurpación de bienes inmuebles como delitos de consumación permanente. Esto implicaría que el delito se prolonga en el tiempo mientras se mantenga la ocupación y permitiría aplicar el principio de delito flagrante y dictar medidas cautelares como la devolución del inmueble al legítimo propietario.
Así, cuando se produzca la ocupación ilegal de un inmueble propiedad de un particular, una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro, el juez podrá dictar un desalojo cautelar en 48 horas si lo solicita el afectado. También se podrá acordar esta medida cuando el propietario sea una empresa si supone un "riesgo de pérdida relevante para los bienes jurídicos" de la compañía. En los casos en que el inmueble no esté siendo habitado o no se prevea que sea habitado justo antes de ocuparse, se podrá desalojar igualmente si los ocupantes causan "problemas vecinales graves de convivencia".
Según Cristina Vallejo, coordinadora de formación del ICAB, actualmente los procesos de desalojo tardan unos 20 meses, lo que favorece a las mafias que ocupan pisos para alquilarlos ilegalmente. Así, ha recordado que en Italia, Francia o Portugal las ocupaciones ilegales se resuelven en 48 horas y las penas por favorecerlas son más altas. Por ello, lo ha considerado un fracaso del estado de derecho.
El decano ha lamentado que haya pisos sociales ocupados que impiden a familias vulnerables acceder a estos hogares de forma legal. Las diversas propuestas de reforma han sido entregadas por el ICAB a la Delegación del gobierno español en Cataluña.
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