Objetivo: investigar si el Ayuntamiento de Mataró ha contratado a dedo

Determinar si el Ayuntamiento de Mataró ha contratado a personas de manera irregular, haciéndolo a dedo y saltándose los protocolos establecidos en los procesos de selección de los entes municipales. Esta será la misión de la comisión informativa especial creada por el propio consistorio, a raíz de la denuncia presentada a la Oficina Antifraude por parte de una extrabajadora municipal.

Una arquitecta municipal denunció a Antifraude que había detectado varios casos irregulares de contratación en el Ayuntamiento de Mataró mediante vías excepcionales sin concurso previo, es decir, a dedo. Esta misma trabajadora fue cesada a pesar de su condición de protegida por ser denunciante de un posible caso de corrupción. Antifraude ha abierto un expediente sancionador contra el Ayuntamiento por la posible comisión de infracciones administrativas.

En concreto, la arquitecta municipal, entonces funcionaria interina del Ayuntamiento de Mataró, denunció a la OAC una decena de contrataciones irregulares, realizadas con contratos de emergencia sin que se acreditara la urgencia de estos procedimientos. Tres de ellos, además de un cargo directivo, habrían sido contratados por el consistorio para realizar el Atlas Urbanístico. La funcionaria fue despedida a pesar de tener la condición de persona protegida como denunciante en la OAC de un presunto caso de corrupción.

Frente a estas acusaciones y a la investigación abierta por Antifraude, el Ayuntamiento ha creado una comisión informativa especial sobre los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo, según aprobó el Pleno de enero celebrado el pasado jueves 11. En esta comisión se abordarán los asuntos derivados de las actuaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña en relación con las denuncias presentadas por la mencionada persona informante.

La Comisión estará formada por representantes de cada grupo municipal, bajo la presidencia del primer Teniente de Alcalde, Miquel Àngel Vadell. Los acuerdos se decidirán por voto ponderado. Las conclusiones deberán elevarse al Pleno en el plazo de 6 meses prorrogables a un máximo de 3 meses, previo acuerdo de la mayoría simple de sus miembros.