La 'nueva ley de barrios' ignora el Maresme

Ni Cerdanyola ni Rocafonda-El Palau en Mataró, ni El Cotet en Premià, ni El Carme en Pineda, ni ningún otro barrio conflictivo o con problemáticas graves a nivel urbanístico y socioeconómico del Maresme. Ninguno de ellos se ha incluido en la 'nueva Ley de Barrios', el plan que pretende desplegar la Generalitat para llevar a cabo intervenciones comunitarias en zonas urbanas de especial complejidad, y que se inspira en lo que se llevó a cabo hace casi dos décadas.

La entonces llamada Ley de Barrios sirvió para realizar intervenciones de diversos tipos, principalmente urbanísticas pero también con varios proyectos sociales, en barrios que necesitaban especialmente trabajos de regeneración. Entre ellos, Cerdanyola y Rocafonda se beneficiaron de diferentes iniciativas, que aunque fueron insuficientes, ayudaron a mejorar la calidad de vida y el espacio público de estos sectores de la ciudad. Gracias al financiamiento de la Generalitat y del propio Ayuntamiento se pudieron construir nuevos equipamientos, hacer frente a patologías de edificios, arreglar calles y esquinas o instalar ascensores, entre otras cosas.

Hace años que los ayuntamientos del Maresme y del conjunto de Cataluña reclaman una nueva ley de barrios para impulsar nuevas intervenciones de estas características, ya que la anterior resultó insuficiente y en muchas de estas zonas persisten todo tipo de problemas que los consistorios no tienen recursos suficientes para resolver. Durante la campaña de las municipales de 2023, por ejemplo, el alcalde David Bote y el líder del PSC en Cataluña, Salvador Illa, lo hicieron en un acto electoral en Mataró, concretamente reclamándolo para Rocafonda. En respuesta a estas demandas, la Generalitat ha impulsado el plan 'Barrios con futuro', aprobado el pasado octubre y del cual se ha dado a conocer esta semana su fase piloto. Esta se desplegará durante el 2024 en 20 puntos del territorio de especial complejidad, ninguno de los cuales se ubica en el Maresme.

Concretamente, los 20 barrios donde se desplegará la fase piloto del programa son: el barrio de la Vila (Amposta), Sant Roc (Badalona), Casc Antic (Balaguer), barrio de la Farga (Banyoles), Barri Vell (Berga), Sant Cosme (el Prat de Llobregat), El Culubret y Sant Joan (Figueres), Masia de Ca n'Espinós, Farreres y Ausiàs March (Gavà), Pont Major (Girona), les Planes - bloques la Florida (l'Hospitalet de Llobregat), Centro Histórico (Manresa), Montornès Nord (Montornès del Vallès), la Mariola (Lleida), Barri Vell (Olot), Barri Fortuny (Reus), Barri Centre (Salt), Sant Salvador (Tarragona), Zona norte de Ca n'Anglada (Terrassa), Ciudad histórica (Tortosa) y Les Casernes, Sant Jordi, la Geltrú (Vilanova i la Geltrú).

"Todavía tenemos identificadas partes de nuestro país que quedan rezagadas, al margen, y donde el riesgo de fractura es absolutamente relevante", afirmó el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, en unas jornadas organizadas este lunes para explicar el proyecto. El objetivo de la iniciativa, según el consejero, es revertir la "pobreza severa" y actuar en barrios donde gran parte de la población se encuentra en situación irregular o sin recursos y que también presentan riesgo de degradación urbanística, falta de espacios verdes de calidad y una elevada contaminación. Una descripción en la que caben perfectamente varios barrios del Maresme, pero que no les han permitido entrar dentro de esta fase piloto.

"La convicción es que lo que puede ayudar a marcar la diferencia en estos barrios tiene que ver con reforzar el capital comunitario y las redes comunitarias del territorio", aseguró Campuzano. En este sentido, el proyecto diseñado por Derechos Sociales busca generar "capital social" para revertir la pobreza crónica y, consecuentemente, provocar una mejora de las condiciones de vida de la población que permita disminuir "el éxodo de barrio" por razones socioeconómicas.

"Todos tenemos identificadas partes de nuestro país que se quedan descolgadas, al margen, y donde el riesgo de fractura es absolutamente relevante", afirmó consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, en unas jornadas organizadas este lunes para explicar el proyecto. El objetivo de la iniciativa, según el consejero, es revertir la "pobreza severa" y actuar en barrios donde gran parte de la población se encuentra en situación irregular o sin recursos y que también presentan riesgo de degradación urbanística, carencia de espacios verdes de calidad y una elevada contaminación. Una descripción en la cual caben perfectamente varios barrios del Maresme, pero que no los han permitido entrar dentro de esta fase piloto.

"La convicción es que aquello que puede ayudar a marcar la diferencia en estos barrios tiene que ver con reforzar el capital comunitario y las redes comunitarias del territorio", ha asegurado Campuzano. En este sentido, el proyecto diseñado por Derechos Sociales busca generar "capital social" para revertir la pobreza crónica y, consecuentemente, provocar una mejora de las condiciones de vida de la población que permita disminuir "el éxodo de barrio" por razones socioeconómicas.