Un juzgado de Mataró investiga por homicidio la residencia de Premià de Mar donde murieron 87 personas

El juzgado de instrucción número 2 de Mataró investiga la dirección de la antigua residencia Can Amell de Premià de Mar (Maresme) por un caso de homicidio por imprudencia profesional después de que durante los primeros meses de la pandemia murieran 87 de los 200 residentes. La investigación se abre a partir de una querella de la fiscal jefe de Mataró, que acusa los responsables del centro de haber provocado un "sufrimiento gratuito" a los usuarios de la residencia, de haberlos "desatendido" y de no haber tomado ninguna medida para evitar la situación que se desencadenó en el centro durante los meses de marzo y abril de 2020. La residencia, de hecho, fue intervenida por la Generalitat el 17 de abril de aquel año ante una serie de irregularidades en la gestión del centro.

La intervención de la Generalitat llegó después de una oleada de mortaldat que inicialmente fijaba en poco más de una veintena el número de víctimas. Fiscalía, pero, eleva la cifra hasta 87 personas muertas vinculadas a la residencia. 62 murieron en el mismo centro, 24 en centros sanitarios donde se los habría trasladado y una última a casa suya. En aquel momento, además, la Generalitat señaló una serie de irregularidades y acusaba la dirección de Can Amell de no se cumplir con la normativa covid, de no garantizar la atención continuada a los pacientes, de errores en la administración de medicación y de tratar los residentes de manera irrespetuosa.

Según relata la Fiscalía, estos déficits en la gestión del centro ya se daban antes de marzo de 2020 y se vieron "incrementados exponencialmente" a raíz de la pandemia. "El número de personas contratadas en relación al número de residentes era muy escaso, lo que provocaba que el trato y los cuidados a los usuarios fuera deficiente", resume la querella.

La querella relata algunos casos, cómo un hombre que a pesar de necesitar oxígeno se lo encontró en un "evidente estado de abandono", con deposiciones a la cama y sin el oxígeno requerido. De otra mujer explican que perdió quince kilos porque no recibía "la alimentación necesaria". A otra mujer se le negaron los tratamientos paliativos "privándola de una muerte sin sufrimiento".

Con todo, fiscalía acusa el director de la residencia, la directora médica, así como cualquier otra persona contra la que puedan aparecer indicios de colaboración en los hechos durante la instrucción, de los delitos de homicidio por imprudencia profesional y de lesiones por imprudencia profesional y trato denigrando.