Capgròs
Una niña de once años con autismo ha sido expulsada de la escuela privada Santa Maria del Pino, en Alella (Maresme). La escuela la responsabiliza de los conflictos en el aula y le prohíbe la entrada hasta que vaya acompañada de una cuidadora, que la familia debería contratar para "proteger la integridad" del resto de los alumnos. Los padres niegan las acusaciones y acusan al centro de tergiversar la realidad. Aseguran que la niña era la víctima y no la acosadora y estudian emprender acciones legales. Los informes de su terapeuta indican que la niña ha empeorado su estado emocional debido al rechazo de algunos compañeros. "Siempre me culpan a mí", "me tratan mal", "no puedo más", son algunas de las expresiones repetidas en las terapias.
La madre de la niña, Manar Dubach, explica en declaraciones a la ACN que los episodios de "insultos" y "acoso" se remontan al final del curso pasado. Por ello, en septiembre la familia ya se puso en contacto con el centro para preparar el inicio de curso, de acuerdo con las recomendaciones de la terapeuta de la menor. "Ella lo está sufriendo más que nadie", asegura Dubach.
La familia también solicitó activar el protocolo contra el acoso escolar, pero la escuela se negó argumentando que eso no estaba ocurriendo. Sin embargo, otra familia respaldaría el relato y llegaron a informar al director a principios de noviembre de que su hijo contaba cómo otros niños de la clase "maltrataban" a la niña con autismo.
En el informe que ha justificado la expulsión, esto no se tiene en cuenta, al igual que no se menciona que la niña sufre varios trastornos. La niña tiene TDAH, diagnosticado en 2020; trastorno social comunicativo, parte del espectro autista diagnosticado en 2021, y discalculia, diagnosticada en 2022.
Lo que sí se dice, en cambio, es que los conflictos se remontan a 2º de Primaria –ahora la niña está en 6º–. Además, ahora su comportamiento se habría "agravado", según comenta el director del centro, Francesc Serra. Para la familia, el relato es sorprendente, ya que afirman que nunca hasta ahora les habían advertido de esta conflictividad. "¿Por qué no han hecho nada en estos cuatro años?", se pregunta la madre.
La expulsión llegó finalmente el 22 de noviembre a través de un correo electrónico enviado a la familia. La decisión se fundamenta, según el centro, en que la niña con autismo es la responsable de los conflictos. La escuela detalla que la niña no puede regresar a la escuela en 30 días y hasta que esté acompañada de una cuidadora, que debería correr a cargo de la familia para "proteger la integridad física y emocional de los alumnos".
El centro dice que no cuenta con ese tipo de perfil profesional y que no existe ninguna "bolsa" de cuidadores de la administración pública para centros privados, mientras la familia alega que no puede asumir un costo adicional de 1.000 euros mensuales. "Hasta ahora habíamos podido resolver las situaciones, hemos hecho todo y más, pero si quiere volver a la escuela tiene que venir con una cuidadora", insiste el director.
¿Quién acosa a quién? La familia se entera también en este momento de que se había activado el protocolo de acoso contra la niña, como agresora. La víctima, según dicen, es otra niña. El centro señala que la niña autista da "golpes" y hace "comentarios desagradables" a una compañera, con quien tiene los principales conflictos. El documento dice que esto sucede de manera "continua a lo largo del día".
Sin embargo, el mismo documento también señala que los conflictos en los que está implicada la niña con autismo son "muy puntuales". También en las entrevistas con las familias, según se desprende del informe, en ningún caso se culpa a la niña de sus comportamientos y en diferentes correos del equipo docente se elogia su comportamiento en la resolución de conflictos.
"La hemos felicitado por cómo ha gestionado la situación", dice su maestra en un correo dirigido a la familia a principios de curso. De hecho, durante las primeras semanas, la tutora explica que se está haciendo un seguimiento cuidadoso del caso, con trabajo de concienciación en el aula sobre aspectos relacionados con la diversidad para "garantizar el bienestar" de la niña y su "integración".
De una forma u otra, ambas niñas terminan siendo víctimas del proceso, según los diferentes informes y relatos de las partes, que mostrarían un estado elevado de vulnerabilidad emocional. Ante esto, la escuela considera que la mejor solución es sancionar a la niña con autismo: "La queremos muchísimo, pero no podemos permitir que pegue a otra niña", dice el director.
Cambio de escuela Es en este contexto que la familia contacta con los Servicios Territoriales de Educación Maresme-Vallès Oriental para encontrar una solución al conflicto a través de un cambio de centro. Los padres denuncian que no han recibido ningún tipo de apoyo por parte del Departamento y que la Inspección de Educación se ha puesto del lado de la escuela sin conocer el caso en detalle.
"Están permitiendo el acoso a la niña y su exclusión del sistema educativo", afirman los padres en una carta en la que acusan al inspector de "mantener una situación injusta". En cuanto a la búsqueda de un nuevo centro, la familia ha preguntado a una decena de escuelas concertadas de su preferencia y donde también hay secundaria para evitar un nuevo cambio de centro el próximo curso.
En todos los casos, sin embargo, les han respondido que ya estaban llenos y que solo la autorización del Departamento permitiría ampliar la ratio. En varios escritos, sin embargo, los Servicios Territoriales rechazan este extremo y emplazan a la familia a matricular a la niña en un centro público del municipio donde queden plazas disponibles.
El Departamento de Educación ha declinado hacer valoraciones sobre estas gestiones, más allá de confirmar que se ha puesto a disposición de la familia los servicios de la inspección de Educación y el Equipo de Atención Psicoped
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