Capgròs
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han liberado a 14 mujeres víctimas de explotación sexual y laboral en seis inmuebles de Cataluña, ubicados en Cabrils, Barcelona, Calafell, Salou y Castell-Platja d'Aro. El operativo ha servido para desmantelar los prostíbulos ilegales y detener a 8 personas involucradas en la organización que explotaba a las víctimas, liderada por un matrimonio. Las mujeres eran traídas de países latinoamericanos y vivían en los mismos domicilios donde eran explotadas, amontonadas en colchones en el sótano, sin luz natural, sometidas a condiciones infrahumanas y con condiciones laborales abusivas.
El operativo se ha llevado a cabo en Cabrils, Barcelona, Calafell, Salou y Platja d'Aro.
El pasado 14 de febrero, los investigadores detuvieron a ocho sospechosos y realizaron siete registros en Barcelona, Calafell, Salou y Cabrils, donde clausuraron los seis domicilios donde se explotaba sexualmente a las víctimas. Se intervinieron diversas cantidades de sustancias estupefacientes (seis gramos de cocaína y 100 pastillas de sildenafil), 17.700 euros, joyas con un valor de 30.000 euros, dos vehículos y documentación diversa.
Los agentes tomaron declaración a 14 mujeres, de las cuales 8 fueron identificadas como víctimas de prostitución coactiva, 4 como víctimas de delitos contra los derechos de los trabajadores y 2 más como víctimas de tráfico de personas. Estas dos últimas fueron acogidas por entidades dedicadas a la ayuda integral a víctimas de tráfico.
La investigación comenzó a finales de 2020, tras una identificación en un control en La Jonquera a un vehículo en el que viajaban 3 personas. Dos de estas personas, un hombre y una mujer, explicaron a los agentes que trabajaban en un centro de atención telefónica clandestino regentado por la persona que los conducía a Cataluña, que a su vez regentaba prostíbulos distribuidos por toda Cataluña. Los Mossos detectaron en el marco del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que estas personas también estaban siendo investigadas por la Policía Nacional y se creó un grupo conjunto.
Las mujeres vivían en situaciones pésimas, amontonadas en colchones, sin ventilación ni luz natural.
En agosto de 2022, los investigadores llevaron a cabo una inspección en una casa de prostitución situada en Salou, donde pudieron constatar que se ofrecían servicios sexuales. Los agentes acreditaron que las mujeres que ejercían la prostitución vivían en situaciones pésimas: amontonadas en colchones en el sótano, sin calefacción en invierno, ni ventilación, así como tampoco luz natural. Además, se les imponían condiciones laborales abusivas. Detuvieron a una de las encargadas. Dos de las víctimas declararon que por encima de la detenida había un matrimonio que tenía otros domicilios en Cataluña donde se ejercía la prostitución.
El 11 de mayo de 2023, los agentes realizaron una nueva inspección en un inmueble en Barcelona y detectaron siete mujeres en situación irregular que ejercían la prostitución y en condiciones infrahumanas. Allí detuvieron también a la persona encargada. El Servicio de Atención a las víctimas de Explotación de Seres Humanos recibió tres denuncias anónimas en los meses de marzo, mayo y junio de 2023. Las denunciantes informaron detalladamente de la situación de explotación por parte de un matrimonio.
Una pareja lideraba la organización criminal, que reclutaba a las mujeres a través de redes sociales.
La investigación ha podido acreditar la existencia de una organización criminal, liderada por una mujer y un hombre que, además de los prostíbulos desmantelados, tenían a su cargo un centro de atención telefónica clandestino, donde 4 víctimas trabajaban de telefonistas entre 12 y 15 horas diarias durante los siete días de la semana. Percibían una retribución de 1.000 euros, solo disfrutaban de una hora libre al día y no disponían de gas ni agua caliente, además de recibir amenazas y vejaciones por parte de los responsables de la organización. Tenían limitadas las salidas al exterior, a veces no tenían alimentos y debían estar disponibles las 24 horas del día todos los días de la semana. Desde este centro de llamadas se gestionaba la contratación de los servicios sexuales en los prostíbulos. También se ofrecían sustancias estupefacientes a los clientes.
Los líderes del entramado reclutaban a las mujeres que posteriormente serían prostituidas u obligadas a trabajar en el centro de atención telefónica a través de páginas de redes sociales donde se ofrecía trabajo a personas extranjeras que residían de forma irregular. Así podían reclutar personas en graves situaciones de necesidad y vulnerabilidad, que después no denunciarían los hechos por miedo a tener que explicar su situación irregular.
La pareja gestionaba directamente los domicilios y se encargaba de alquilarlos.
La pareja gestionaba directamente los domicilios y se encargaba de alquilarlos, ya fuera a su nombre o a nombre de terceros. Además, también proveían a los prostíbulos de sustancias estupefacientes como cocaína o 2CB, así como otros medicamentos para potenciar el deseo sexual o la disfunción eréctil. En cuanto a las sustancias estupefacientes, las propias mujeres prostituidas eran obligadas a venderlas a los clientes y, en caso de que el cliente así lo pidiera, consumirlas también durante el servicio.
Aparte de los líderes, también se detuvieron algunas personas que realizaban funciones de responsable en el centro de atención telefónica y tareas de control y traslado de mujeres a los prostíbulos desmantelados. Los detenidos, de entre 20 y 48 años, pasaron a disposición judicial el pasado 16 de febrero y los dos líderes de la organización ingresaron en prisión por orden del juzgado de instrucción número 3 de Tarragona. Se les atribuyen delitos de tráfico de personas relativos a la explotación sexual y contra los derechos de los trabajadores, delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública y amenazas graves.
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