Capgròs
La consejera, Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, los ayuntamientos del litoral catalán y las cofradías de pescadores reclaman plegados en el gobierno español y a la Unión Europea cambios profundos en las políticas pesqueras para "salvar" la pesca mediterránea. Desde el sector aseguran que la actual normativa no se adecúa a la realidad del sector pesquero catalán y esto dificulta su viabilidad. Se calcula que en los últimos 20 años ha desaparecido más de la mitad de la flota pesquera a Cataluña, pasando de 1.358 a 641 embarcaciones. De estas, 212 son de arrastre. "A pesar de que hemos hecho los deberes nos están machucando", ha denunciado Antoni Abad, presidente de la federación de cofradías.
En un acto celebrado en el puerto de Arenys de Mar (Maresme), el sector pesquero catalán ha querido ejemplificar su "unidad" para intentar superar una situación "límite" por culpa de las restrictivas normativas española y europea. Critican que a pesar de que hace muchos años que "hacen los deberes", los han posado al mismo saco que a la flota de altura, que tiene unas características diametralmente diferentes a la de la mediterránea. "Pedimos que se nos reconozca el trabajo hecho y la singularidad de nuestra actividad", ha señalado Antoni Abad.
En este sentido, la Generalitat reclama en el gobierno español un plan de acción estratégico para la pesca al Mediterráneo que incorpore aspectos biológicos, económicos y sociales que atiendan a la realidad de la flota pesquera catalana. La consejera Teresa Jorda ha recordado que el sector pesquero catalán es muy frágil y que, por culpa de la "miopía" del estado español y sus políticas pesqueras, se está posando en peligro su continuidad.
Según los pescadores, la actual normativa en relación a la pesca de arrastre y cercamiento, al balizamiento de los artes de pesca o a la potencia de los motores "dificultan la viabilidad de la actividad de las diferentes modalidades pesqueras a Cataluña". Una normativa, han añadido, que es muy difícil de poder cumplir y que se traduce en una "alarmante" disminución de la flota pesquera.
Tanto Antoni Abad cómo el alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, han lamentado que todo esto está haciendo que la pesca sea un sector cada vez menos atractivo para las nuevas generaciones, el que lo condena a muerte. "Cada vez que se implementa una política no bastante acertada queda un pescador a la cuneta y esto no nos lo podemos permitir", han apuntado.
Por otro lado, también se pide a la Comisión Europea que aplace cinco años -de 2025 a 2030- el plazo fijado para la recuperación de las poblaciones de peces. De este modo, las medidas de gestión implantadas a Cataluña, cómo la reducción de días de pesca o el cierre de caladeros, podrían dar sus frutos.
Tanto pescadores cómo Gobierno comparten la necesidad de hacer crecer y estabilizar la población de pez al Mediterráneo pero discrepan sobre los plazos y medidas a aplicar. En este sentido, piden que no haya una nueva reducción de la actividad pesquera para el 2023, cómo prevé hacer el Consejo de Ministros de la UE.
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