Can Sanpere ya es propiedad del Ayuntamiento de Premià de Mar

La antigua fábrica de Can Sanpere ya es propiedad del Ayuntamiento de Premià de Mar, una vez formalizada su expropiación. El equipamiento pasa a ser municipal, tal y como se anunció el año pasado, cerrando de manera positiva un capítulo de años de reivindicaciones por parte del colectivo de activistas que la había ocupado.

Esta semana se ha llevado a cabo la firma por parte del alcalde, Rafa Navarro, y de los representantes de JOSEL, SLU (empresa que pertenece a Núñez y Navarro) del acta de expropiación, el pago del precio fijado por el Ayuntamiento y la toma de posesión de las fincas registrales incluidas dentro del polígono de actuación urbanística de Can Sanpere. En concreto, el consistorio ha pagado 1,5 millones de euros. En todo caso, el jurado de expropiación tendrá que pronunciarse durante los próximos meses sobre el precio justo, dada la disconformidad en la valoración por parte de la empresa hasta ahora propietaria.

Ahora que el Ayuntamiento es propietario oficial, los siguientes pasos serán terminar de ultimar el proyecto de demolición, crear una comisión de trabajo para consensuar las diferentes fases y acciones, y buscar apoyo en materia de financiamiento para llevar a cabo las actuaciones correspondientes.

El colectivo y el Ayuntamiento firmaron un convenio en abril del año pasado en el cual iniciarían la expropiación en este mandato, la cesión de un espacio alternativo a la asociación mientras se rehabilita Can Sanpere y ofrecerle la posibilidad de volver a la fábrica cuando el proyecto arquitectónico de la misma esté concluido. Mientras el espacio se esté rehabilitando, la asociación desarrollará las tareas que ahora mismo está llevando a cabo en el edificio que actualmente alberga el Archivo Municipal, entre ellas las de escuela con clases de refuerzo, el gimnasio o el armario solidario. Una vez rehabilitado el espacio, que tiene un total de 9.000 metros cuadrados, la asociación volverá a la fábrica y la autogestionará.

El acuerdo sirvió para desbloquear una situación de más de 20 años, cuando se comenzó a reivindicar el espacio para usos colectivos.