El Gremio de Restauración exigirá en el Gobierno que apruebe un decreto que obligue los propietarios de los locales a aplicar una rebaja del 75% del precio del alquiler si los negocios se ven obligados a cerrar su actividad como consecuencia del coronavirus o a hacer una rebaja proporcional a la reducción del aforo o la actividad horaria, según ha podido saber la ACN. Para el Gremio, la cláusula 'rebus sic antibus' "por sí sola" no resuelve la situación crítica en que se encuentran los restauradors porque sólo se puede aplicar si hay acuerdo entre las partes –cosa que mayoritariamente no pasa- y por lo tanto se verían abocados a la vía judicial y a alargar el conflicto unos cuántos años hasta que no hubiera sentencia firme.
Esta será la posición que expresarán los restauradors en el Gobierno en la reunión que tienen que mantener esta tarde, horas antes de la aprobación por parte del Ejecutivo del decreto para modificar el Código Civil y activar la cláusula 'recibido sic stantibus'. A priori, la cláusula busca que se pueda reducir o suspender el pago del alquiler de los establecimientos de negocios cerrados por la pandemia. Según fuentes cercanas al Gremio, pero, se trata de un recurso para "economías fuertes" y que puedan soportar años hasta que los jueces resuelvan.
El Gobierno anunció hace unos días que acudiría a esta cláusula, a pesar de que según ha podido saber la ACN, se trabaja con otras opciones que no impliquen el paso por los tribunales. Por el Gremio de Restauración, la rebaja del importe del alquiler tendría que ser del 75% si las administraciones decretan el cierre de la actividad o si los bares o restaurantes sólo pueden limitar su servicio a la comida para llevar. Y es que según fuentes de la entidad "cerrar y hacer 'take way' es el mismo". En caso de que las administraciones, permitieran abrir las puertas de los establecimientos las rebajas tendrían que ser proporcionales a las limitaciones que se los impusiera en función del aforo o la reducción del horario.
Choque de competencias entre gobiernos?
Fuentes del Gremio de Restauración creen que si el Gobierno aprobara un decreto en este sentido no se enviarían competencias estatales. Sino, han dicho que igualmente verían con muy buenos ojos que se aplicaran medidas en esta línea para los restauradors de todo el Estado que se encuentran en la misma situación.
Por los restauradors, se trata de socializar las pérdidas de esta crisis entre los responsables de los negocios, mayoritariamente microempresas que traen más de medio año sin poder trabajar con normalidad, y las administraciones, entidades bancarias y propietarios de los establecimientos. En este sentido, desde el Gremio de Restauración recuerdan que los negocios no se encuentran como en marzo porque ya son muchos meses sin tener ingresos estables, mientras que cuando empezó al pandemia se partía de una situación económica mucho más favorable.