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El cabo de la Policía Local de Pinar niega amenazas por el 1-O

El fiscal pide 30 meses de prisión por coacciones o 15 de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos contra el policía

La fiscalía ha rebajado la petición contra él a dos años y medio de prisión y de inhabilitación para ser policía por un delito de coacciones.

El cabo de la policía local de Pineda de Mar ha negado este miércoles que ningún regidor del consistorio amenazara ante él el responsable de un hotel para echar los policías nacionales que se alojaban el octubre del 2017. En el juicio contra él y dos políticos locales a la Audiencia de Barcelona por coacciones, el policía ha asegurado que la conversación con el director del hotel fue tensa, pero no se lo amenazó con cerrar el establecimiento si no expulsaba los policías antiavalots. Si hubiera sido así, ha dicho, habría gritado a la orden los dos políticos y habría abierto diligencias policiales. Además, ha asegurado que él ha sido condecorado por la Policía Nacional por haber adecuado un aparcamiento por las furgonetas de los antiavalots.

En la segunda jornada del juicio, el cabo de la policía local ha declarado y ha negado que él espiara los movimientos de la Policía Nacional. De hecho, ha dicho que intentó colaborar antes y durante la estancia de los agentes a la localidad. Ha explicado que estaba preocupado por los 300 manifestantes independentistas que había ante el hotel. La fiscalía ha rebajado la petición contra él a dos años y medio de prisión y de inhabilitación para ser policía por un delito de coacciones. Alternativamente, pero, le ha pedido inhabilitación durante 15 meses y 13.500 euros de multa por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Su abogado ha protestado por el hecho que el fiscal haya introducido nuevos hechos en su escrito inicial de acusación, pero el tribunal lo ha aceptado.

El fiscal ya rebajó a un año de prisión y de inhabilitación la petición de pena para los otros dos acusados después de que estos reconocieran los hechos. El teniente de alcaldía, Jordi Masnou, ha admitido que la situación se los "fue de las manos", mientras que la regidora Carme Aragonés ha negado ningún tipo de amenaza, pero sí que ha admitido que hablaron con el hotelero que podía haber problemas para tramitar la licencia de actividad del establecimiento debido a algunas deficiencias. En todo caso, ha reconocido que la gestión del conflicto fue un "error" por no haber hablado antes con la Policía Nacional y ha admitido que se posó "nerviosa". Así, según ella, la intención era "reubicar" los agentes en otros hoteles para desmovilizar los manifestantes.

Antes de los acusados han declarado varios testigos, cómo unos policías nacionales que han remarcat la tensión que se vivía en la calle ante el hotel y en la reunión que hubo a su interior entre los diferentes responsables policiales, municipales y del establecimiento. Estos policías nacionales han remarcado el hecho que el cabo de la policía local se pasó muchas horas alrededor del hotel y siempre vestido de paisano. Según ellos, parecía que hiciera tareas de "contravigilància" y espionaje de los movimientos de la Policía Nacional.

La regidora Mònica Palacín, que entró a la reunión, ha dicho que el encuentro fue "tensa" y que había muchos policías nacionales fuera del despacho mirando a través de las paredes de vidrio.

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